Actualización Monitoreo Éxodo Migrante – 30 de enero de 2019

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano

El discurso de derechos humanos del gobierno mexicano no se ha reflejado en la política migratoria.

  • Urgimos a las autoridades a que no suspendan la recepción y registro de migrantes en la frontera sur, y que fortalezcan las acciones de seguridad y ayuda humanitaria, no sólo a nivel interinstitucional, sino en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil con presencia en la zona.

La situación en la frontera del Suchiate

En los días lunes 28 y martes 29 de enero, las organizaciones que monitoreamos conjuntamente el éxodo centroamericano en la frontera del río Suchiate hemos podido constatar la grave situación generada ante dos hechos; por un lado, el estallido de violencia xenófoba del domingo y; por otro lado, la decisión de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración de dar por terminado lo que han denominado “Programa de Emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias”.

Tras el cierre del Puente Internacional por parte del INM, que impide el paso de personas y vehículos, han quedado en Tecún Umán, del lado guatemalteco, varios miles de personas que no pueden ingresar a territorio mexicano para tramitar su tarjeta de estancia por razones humanitarias, ni menos para presentar una solicitud de asilo, dejándoles en un estado de indefensión.

El INM está ultimando su operativo con la entrega de las tarjetas ya tramitadas, y niega al resto la posibilidad de acceso a trámite alguno. En palabras de una compañera:

Ahora hay más de cinco mil personas hacinadas en las oficinas de la aduana, en donde no hay agua ni comida suficiente, y quienes aún no reciben su visa no pueden salir. De las más de doce mil solicitudes que hay, solo han entregado alrededor de tres mil, hoy apenas entregaron doscientas. De los 5 días que dieron de plazo para entregarlas hay quienes ya llevan más de 8, y seguimos contando. Además, a quienes están afuera de la aduana les dicen que ya se vayan “porque la gente aquí ya no los quiere”, y que se muevan en grupos pequeños “para no molestar a la población”, aprovechándose del miedo después de lo ocurrido en Tecún Umán y alimentándolo, en vez de promover acciones para contrarrestarlo. Al final les están dando papeles para sacarlos del país. Así, incluso con papeles, siguen sin respetarse los derechos humanos de las personas migrantes, siguen tratándolos como criminales.

Las últimas personas que lograron cruzar el puente y que se encuentran en Ciudad Hidalgo continúan hacinadas en las instalaciones del INM, junto con las que ya esperaban su trámite. Las condiciones de higiene y el acceso al agua continúan siendo una preocupación debido a que las cantidades de agua distribuidas y la información sobre el cómo acceder al servicio, son insuficientes.

En Tapachula, las personas asentadas en el centro urbano han decidido mayoritariamente seguir su camino o buscar refugio en los albergues, para evitar situaciones de riesgo ante posibles brotes de violencia.

La situación en la ruta hacia el norte

Más allá de Tapachula por la costa de Chiapas, se observan pequeños grupos de máximo 50 personas, sin acompañamiento de la autoridad ni atención humanitaria, desorganizados y desprotegidos. Sabemos que más de dos mil personas han logrado llegar a la Ciudad de México, al espacio habilitado por el gobierno de la Ciudad en el Estadio Jesús Martínez Palillo. Las personas recorrieron todo el camino con graves carencias en materia de ayuda humanitaria y acompañamiento.

Principales preocupaciones

La situación humanitaria de los miles de personas implicadas en un éxodo que ya abarca desde Tecún Umán hacia territorio mexicano, resulta insostenible. Ni las condiciones de habitabilidad, atención en salud, alimentación e higiene son las adecuadas en un contexto de crisis humanitaria.

De entre los diversos grupos en especial vulnerabilidad, preocupan más gravemente las niñas, niños y adolescentes, especialmente los no acompañados. Muchos continúan en detención migratoria en, sea en instalaciones del INM o del DIF en Tapachula, a excepción de quienes ya han sido deportados sin una evaluación de su Interés Superior ni las medidas de protección que ameritan, dada la inacción de la Procuraduría de Protección a la Niñas, Niños y Adolescentes en Chiapas.

La puesta en marcha del “Programa de Emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias” del INM termina con un número casi residual de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiadas. La autoridad se ha empeñado en canalizar a todas las personas por el trámite de razones humanitarias, invisibilizando una crisis de desplazamiento forzado de proporciones colosales, y sus necesarias medidas de protección internacional. Cabe resaltar que de acuerdo a las proyecciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en México este año se estiman 40 mil solicitudes de asilo, un aumento del 50% respecto a 2018, frente a lo cual el Estado mexicano está obligado a asumir su responsabilidad internacional en materia de asilo y facilitar su acceso.

Las causas estructurales del desplazamiento forzado en Centroamérica siguen vigentes, los flujos de personas van a seguir llegando a territorio mexicano, y las medidas puntuales que intentan una “migración ordenada, segura y regular” no van a dar respuesta a las necesidades y los derechos de las personas migrantes y refugiados. Así mismo, preocupa que acciones de corto plazo y que únicamente responden a coyunturas, como el Programa de Emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias que ahora concluye, no da claridad en sobre la política pública en materia migratoria de la actual admnistración, ni tampoco ofrece soluciones a largo plazo ya que las tarjetas que se encuentra expidiendo el gobierno unicamente tienen duración de un año, lo cual resulta preocupante por las dificultades que ya representa renovar este tipo de estancia al no contar aún con una visión de la regularización migratoria como política de Estado.

En paralelo, el riesgo de crecimiento de la xenofobia y la violencia sigue presente en Tecún Umán, en donde la hostilidad fue alentada por las propias autoridades, pero también en Tapachula y otras ciudades mexicanas, en donde las personas migrantes pueden volver a ser los chivos expiatorios de una precariedad social cuyo origen está en otro lado.

Finalmente, resulta de gran preocupación la situación de abandono que continúa en Tijuana respecto a las personas que varadas esperando a solicitar asilo en Estados Unidos, y que la crisis humanitaria se acentúe una vez que empiece a crecer la cantidad de personas obligadas a regresar por el gobierno de Estados Unidos para continuar su proceso de asilo esperando a que éste concluya en México. Frente a esto, no hay claridad sobre cómo se piensa atender a esta situación, ni cómo se hará frente a los brotes de xenofobia que ya se han expresado en Baja California contra la población migrante y situaciones que les pongan en riesgo.

Desde las organizaciones firmantes, manifestamos nuestra preocupación por:

  • La falta de claridad en las acciones que implementa el Gobierno mexicano en materia de migración internacional y refugio.
  • No reconocimiento de las causas del desplazamiento forzado, obviando que los problemas no han llegado ahora con los éxodos centroamericanos, y que son consecuencia de una política de represión en los países de origen y que se extienden en la frontera sur y todo el territorio mexicano.
  • La violencia xenófoba que resulta completamente inaceptable, por lo tanto, el Estado junto a los medios de comunicación y la sociedad civil tenemos la obligación de prevenirla y combatirla.

Por lo anterior, demandamos:

  • La elaboración y puesta en marcha de una política migratoria y de asilo con una mirada estructural e integral, y no soluciones improvisadas o emergentes, con participación de sociedad civil y organismos internacionales
  • El diseño de una estrategia a mediano y largo plazo que sea sostenible y tenga como prioridad el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.
  • La revisión, modificación y/o derogación de contenidos de la legislación migratoria que perpetúa un paradigma basado en el control, detención y deportación de las personas, y adoptar un modelo respetuoso de los derechos humanos.
  • Manifestamos la necesidad de que el Gobierno Federal escuche a la sociedad civil y promueva espacios de trabajo conjunto en el diseño y tránsito hacia una nueva política migratoria en México. Demandamos la efectiva integración de la sociedad civil en el proceso de construcción de la nueva estrategia.

Para concluir, llamamos a la solidaridad y a la confluencia de la sociedad civil en la defensa de los derechos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas en México.

Firmamos:

  • Grupo de Trabajo de Política Migratoria
    • Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; Alianza Americas; American Friends Services Committee; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INEDIM Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save The Children México, Sin Fronteras, IAP; SJM-SJR México, Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Melissa Vértiz Hernández. Secretaría Técnica.
  • Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano
    • American Friends Service Committee (AFSC) – Oficina Latinoamérica y el Caribe, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Junax, Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia (MdM), Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas – Acción con Pueblos Migrantes.