El control migratorio en territorio mexicano está basado en un enfoque de seguridad nacional, que e apoya en el avance de la militarización. La asignación de tareas de control y verificación migratorio a la Guardia Nacional en 2019 da cuenta de la postura de la actual administración en materia de política migratoria. En el misnmo sentido, la designación de perfiles militares en al menos 18 de las 32 representaciones de la Delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en los etados.
Las accione de control migratorio en 2022 se han caracterizado por la respuesta improvisada, arbitraria y discrecional del Estado Mexicano, principalmente en la frontera sur, donde se concentran las líneas de contención establecidas en el Plan Migración y Desarrollo.
En marzo de este año, tras la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tapachula, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño, mencionó públicamente que las personas podrían realizar sus procesos administrativos migratorios en las distintas delegaciones de la región, sin embargo, al acudir a ellas, las autoridades encargadas de las oficinas desconocían dicha instrucción, y negaron la atención a las personas o de manera arbitraria y con tratos diferenciados hacia las distintas poblaciones, otorgaron discrecionalmente Tarjetas de Visitante por Razones HUmanitarias (TVRH) y Formas Migratorias Múltiples (FMM).
La falta de claridad y de una respuesta institucional eficiente motivaron a las personas a desplazarse en grupos fuera del municipio de Tapachula. Posteriormente, en junio de 2022, ante el incremento de la llegada de personas venezolanas, se instauró la entrega de TVRHs y FMMs en el Centro De Atención Integral Al Tránsito Fronterizo (CAITF) en Huixtla. Grupos de personas migrantes y con necesidades de protección internacional se movilizaron desplazaron hacia este municipio.
Tras días de espera de información sobre trámites migratorios, a gran parte de l apoblación se le hizo entrega de FMMs con vigencia de 30 días, no obstante, a pesar de contar con dicho documento, autoridades en diferentes estados de la república no reconocían la validez del documento, lo que ocasionó que las personas fueran detenidas y devueltas a Tapachula u otros puntos de la frontera sur.
La detención migratoria continúa siendo una práctica generalizada. En la actual administración se han incrementado el número de eventos de detención, pasando de 198 mil eventos en 2015 a 307 mil 569 en 2021, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria.
Las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que son detenidas, se enfrentan a un sistema carcelario y revictimizante en el que tienen pocas posibilidades de acceder a información adecuada y suficiente que les permita tomar decisiones sobre sus procedimientos migratorios.
Estas prácticas de contención y detención migratoria se han externalizado progresivamente a la frontera sur de México y posteriormente a Guatemala, que a partir de 2020 ha puesto en marcha medidas más restrictivas para disuadir a movilizaciones o éxodos de personas migrantes centroamericanas y caribeñas, como verificaciones migratorias en todo el territorio, detenciones, represiones, e incluso decretos de estado de excepción para restringir la movilidad.
El presente documento pretende mostrar de qué manera se han agudizado las violencias institucionales y de otros actores contra personas migrantes y solicitantes de refugio en México, a partir de un análisis en las práctica y política migratoria discrecionales, arbitrarias y restrictivas de los derechos de las personas en movilidad, que pretenden dar respuesta a la llegada de miles de personas como consecuencia de la pobreza, la violencia, y otros factores estructurales que obligan a las personas a desplazarse.
