Tapachula, Chiapas, a 5 de noviembre de 2018
Organizaciones parte del Grupo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en Chiapas; hemos
registrado el desalojo de la extensión del centro de detención Siglo XXI que se instaló en la “Feria
Mesoamericana”. Durante la semana observamos la ejecución de medidas de alternativas a la detención a
través de las cuales de canalizaron diariamente entre 80 a 100 personas a albergues de puertas abiertas y
espacios acondicionados como tales. Si bien desde el principio manifestamos que la habilitación de esta feria
como extensión del centro de detención migratorio no garantizaba la seguridad e integridad física y emocional
de las personas refugiadas detenidas, condicionando la asistencia humanitaria a permanecer en esta condición
de detención e impedía que las personas accedieran a información sobre su situación, lo cierto es que su cierre
no fue planificado. De esta manera el sábado 3 y domingo 4 de noviembre nos percatamos de que, bajo
términos distintos a las alternativas a la detención, fueron desalojados cerca de 2,000 personas
(aproximadamente) que se encontraban dentro de la feria, mismas que han quedado mayormente expuestas.
Con esta acción, el Estado mexicano, como Estado receptor, incumple las obligaciones que tiene a garantizar
servicios básicos como parte de los procesos de atención, recepción e identificación.
Es importe reiterar que a la fecha nos fue negada por parte de las autoridades responsables, toda información
que nos permitiera conocer la situación de las personas que estaban detenidas en la Feria, desde el momento
de su ingreso, estancia, y salida, hecho que se agrava como consecuencia de este cierre que ha sido de forma
abrupta y arbitraria al no contar con una planificación previa de salida, que posibilitara a las personas tener
claridad sobre la información necesaria para realizar y/o continuar el proceso de solicitud de refugio. Esta
situación la hemos podido constatar con la atención directa que desde nuestras oficinas hemos tenido que
implementar de forma emergente respondiendo a las condiciones antes señaladas.
Desde nuestros comunicados anteriores hicimos un llamado a que no se condicionara la asistencia humanitaria
a la aceptación de la detención, solicitando, además que, a la salida de las personas de este lugar, se
garantizara asistencia ya que, por la emergencia y el número de personas podían quedar en mayores
condiciones de vulnerabilidad de las que ya se encontraban a su ingreso. Por esta razón, afirmamos que la
retirada del Estado y el incumplimiento de su obligación de protección, expone la vida e integridad física de las
personas, con especial estado de vulnerabilidad a niños, niñas y adolescentes.
Las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales bajo una situación de contingencia, se han
y nos hemos visto en la tarea de responder en logística, asistencia, asesoría y acompañamiento para las miles
de personas que se encuentran en Tapachula y que al encontrarse en mayor estado de vulnerabilidad, por
estar en situación de calle y carentes de servicios de asistencia básica, son un reto social, sobre todo porque
se convierten en presas de mensajes xenofóbicos y políticas de criminalización que promueven una mayor
segmentación social.
Retomamos nuevamente que “Ante estos contextos se reafirma la necesidad de transformar la política de
Estado en materia migratoria, las medidas que aquí se tomen pueden representar una oportunidad para una
reorientación y construcción por parte del Legislativo y Ejecutivo de una política de Estado centrada en las
personas y sus derechos en México” (Ver comunicado de GTPM.)
Por otra parte, en Ciudad Hidalgo seguimos observando la presencia de la Secretaria de Marina, Policía Federal
y agentes del Instituto Nacional de Migración en el rio, quienes han instalado la vigilancia constante del paso de personas por las balsas y particularmente en el puente. Presencia que abona a la criminalización de las
personas migrantes y refugiadas.
En otros puntos del monitoreo como la carretera Tuxtla – Tapachula; obtuvimos información sobre un grupo
de 1,800 personas aproximadamente que conforman el segundo grupo del éxodo, que se encontraban
caminando hacia Oaxaca entre las 8:00 y 9:00 de la mañana, con dirección a Tapanatepec. Este grupo se
mantuvo con presencia de Policía Municipal, Federal y de Vialidad, así como Protección Civil. Dentro de este
grupo, ante un menor seguimiento de necesidades humanitarias pudimos observar mayores problemas de
salud, como resfríos y deshidratación.
También observamos que en el trayecto entre Arriaga y Huixtla se redujo de manera considerable la presencia
institucional prestadora de servicios de salud y asistencia humanitaria así como de autoridades de Policía
Federal e INM.
En Huixtla observamos la llegada del tercer grupo del éxodo conformada por un aproximado de 2,000 personas
que en su mayoría señalaron ser de El Salvador, de quienes se monitoreó su difícil y riesgoso ingreso a México
por el Río Suchiate desde el viernes 1º de noviembre. Hacia las 15:00 horas del día de hoy, habían cerca de 200
personas en la plaza central del pueblo, después de una hora sobre la carretera a 7 km del centro de la ciudad
visualizamos el contingente mucho más grande quienes tuvieron que caminar más kilómetros sin facilidad de
“aventones” debido a un bloqueo organizado por la CNTE, por tanto, se evidenciaron condiciones extremas de
cansancio y deshidratación. A pesar de esto, percibimos entusiasmo por continuar la ruta. Cabe señalar que
durante este tramo estuvieron custodiadas por Policía Federal y acompañadas por ACNUR, CNDH y Cruz Roja,
al igual de que protección civil y Policía Municipal a su llegada al municipio de Huixtla
De acuerdo con testimonios de las personas, hay mayor hostigamiento por parte de Policía Federal e INM tanto
a ellas, como a las personas de las comunidades en la ruta, con amenazas de que al solidarizarse están
incurriendo en “tráfico de personas”. Es importante señalar que este hostigamiento afecta sobre todo a grupos
que en la marcha se separan por agotamiento físico.
Con relación a este punto, es importante decir que la Ley de Migración, en su artículo 159, señala que no se
impondrá pena a las personas de reconocida solvencia moral, que por razones estrictamente humanitarias y
sin buscar beneficio alguno, presten ayuda a la persona que se ha internado en el país de manera irregular […],
haciendo una diferenciación en las medidas establecidas para su protección.
Algunas personas mencionan que hay otros individuos que se han acercado al grupo ofreciéndoles trámites
más rápidos para el reconocimiento de la condición de asilo. Esta situación nos preocupa en particular porque
sabemos que hay personas que se dedican a enganchar a personas a través de este tipo de ofrecimientos o a
través de ofertas de trabajo, colocándolas en riesgo de ser víctimas de secuestro para trata sexual o labora. Si
bien es un tema que ha sido señalado, hasta el momento no existe ningún tipo de medida que prevenga este
tipo de actos.
Seguimos llamando a no olvidar la responsabilidad del Estado en garantizar los derechos y la protección de
todas las personas, con especial atención a quienes como hoy se encuentran en estado de mayor
vulnerabilidad.
Firman. Iniciativas para el Desarrollo Humano, Una Mano Amiga en la Lucha Contra el SIDA, AC, American
Friends Service Committee oficina Latinoamérica y el Caribe, Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Servicio
Jesuita a Migrantes (SJM), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes AC, Formación y Capacitación
A.C., Otros Mundos Chiapas, Médicos del Mundo Suiza, Médicos del Mundo Francia y España y Centro de
Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
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