Las crisis mundiales, los conflictos y la emergencia climática están aumentando el riesgo de trata. Los desplazamientos y las desigualdades socioeconómicas afectan a millones de personas en todo el mundo, que quedan expuestas a la explotación de los traficantes. Las personas que no gozan de un estatus legal, que viven en la pobreza, que tienen un acceso limitado a la educación, a la atención sanitaria o a un trabajo digno, que sufren discriminación, violencia o abusos, o que proceden de comunidades marginadas, son a menudo los principales objetivos de los traficantes.
En todo el mundo, las medidas nacionales, especialmente en los países en desarrollo, parecen estar deteriorándose. Las tasas de detección cayeron un 11% en 2020 y las condenas se desplomaron un 27%, lo que ilustra una ralentización mundial de la respuesta de la justicia penal a la trata. La pandemia de COVID-19 también alteró las propias características de la trata, empujándola aún más hacia la clandestinidad y aumentando potencialmente los riesgos para las víctimas al hacer menos probable que el delito llegue a conocimiento de las autoridades. De hecho, el 41% de las víctimas que consiguen escapar de su terrible experiencia acuden a las autoridades por iniciativa propia, otra clara señal de que las medidas de lucha contra la trata se quedan cortas.
